#ministeriodeturismoya es una plataforma creada por la revista sectorial Hosteltur en apoyo de lo que el propio hashtag anuncia: la necesidad de que el turismo en España recupere el rango ministerial que ya tuvo con Fraga Iribarne y uno de cuyos adalides hoy es el vicepresidente de Meliá International Hotels, Sebastián Escarrer. Pese a mi posición en contra, salgo a defender la perentoriedad que suscita este debate en torno a la consideración estatal del turismo porque me parece que en este momento de crisis profunda es cuando se debe «barrer la casa», hablar claro, aportar ideas e imaginar el futuro con unas claves bien diferentes de las conocidas hasta ahora. Además, me parece digna de elogio, no la iniciativa en sí, sino la metodología utilizada por el equipo redactor de la citada revista a la hora de montar la plataforma y promoverla entre los profesionales del turismo. ¿Necesita España un ministerio de Turismo? Hosteltur despliega estos días una intensa actividad en las redes sociales que merma su protagonismo en papel y en web, pero llega directamente a la gente donde está la gente sin una postura sectaria como medio de comunicación; al revés, con una apertura de miras que ya quisiera para sí el conjunto de la clase política, por ejemplo.

Dicho esto, entro sin dilación al debate con una síntesis esquemática de los argumentos anticipados hace unos meses en este Foro: No necesitamos un ministerio de Turismo.

1 El turismo es el principal sector exportador  de España y el impacto de sus ingresos desde el exterior —39.595 millones de euros— ha contribuido siempre a equilibrar la balanza comercial del país. Este volumen de negocio ha sido originado por miles de empresas que por culpa de su atomización está sufriendo actualmente una pérdida de competitividad en el mercado global, pero también lo coloca en una excelente posición de partida frente a competidores externos y sectores productivos internos con una fuerte cultura estatal. Salvo la red nacional de Paradores de Turismo, no existe en España ninguna empresa turística que no sea de ámbito privado. En su desarrollo, que ha terminado por colocar a España en el podio de las potencias mundiales, no ha sido necesaria la tutela ni el liderazgo del Estado.

2 El turismo no es el único sector exportador que tiene España. Otros, como el de bienes de equipo, que generan un volumen de ingresos de 37.392 millones de euros, se le acercan. También el del automóvil, con 29.946 millones de euros; el químico, con 28.409 millones de euros; y el de la alimentación, con 27.936 millones de euros, suponen cada año una interesante partida exportadora para el país. La creación de un ministerio específico para el turismo causaría un agravio comparativo en estos otros sectores productivos, de manera que el Gobierno estaría en la obligación a su vez de crear un ministerio del Automóvil, otro ministerio de la Química, otro de la Alimentación, el pertinente de los Bienes de Equipo… Y seguramente me dejo otros muchos en el tintero. Con toda probabilidad, un país como España merecería un ministerio para cada español.

3 «Ojalá tuviéramos un ministerio, pero si no puede ser, al menos tengamos una secretaría de Estado», reclama el vicepresidente de la CEOE, Joan Gaspart. La frase no solo destila un trasfondo de regateo, sino pone de manifiesto la debilidad empresarial de nuestro país reunido en torno a esta patronal y asocia su nombre —el de la CEOE y el del presidente de la cadena Husa— a la exigencia de más Estado en detrimento del libre mercado. ¿Acaso ha sido necesario un ministro para el liderazgo de Apple en el sector informático?

4 Por imperativo constitucional, las competencias sobre el turismo están transferidas a las Comunidades Autónomas. Cabe lamentar que se haya roto la unidad de mercado con el paso de una España predemocrática de raíz jacobina hacia una España democrática de poderes descentralizados, pero los mercados se constituyen por el interés «conversacional» de sus actores, no por una voluntad impuesta desde el Gobierno. Una quiebra de este modelo —el de la segmentación del mercado y el de las competencias autonómicas— exigiría una modificación constitucional de orden superlativo. Mientras tanto es obvio que un ministerio de Turismo aparecería bien descafeinado en sus prerrogativas. Una secretaría de Estado, también.

5 Las dificultades entre las Comunidades Autónomas por llegar a un acuerdo no difieren tanto de las dificultades de las empresas privadas por asumir un nuevo modelo de libre competencia basado en la cooperación yuxtapuesta a la diferenciación. El establecimiento de una plataforma marco para las primeras sirve de poco si no existiera también para las segundas. Pero el devenir del turismo post crisis, una vez terminado el proceso de concentración empresarial requerido para salir de ella, exigirá una práctica de cooperación permanente entre empresas, entre las Comunidades Autónomas, así como entre éstas y aquellas.

6 El liderazgo que se pide desde algunas instancias se justifica, es verdad, en aras de un interés común que persigue la unidad de mercado y, consecuentemente, la unidad normativa; sobre todo en lo que se refiere a la clasificación de alojamientos turísticos. Sin embargo, lo que esconde esta idea socializante de normativas y clasificaciones es un encorsetamiento igualitario del libre mercado turístico que se impone a las empresas más innovadoras y diferenciadas. Al igual que otros sectores económicos como el alimentario, el automovilístico o el químico, quien clasifica a las empresas son los consumidores, la máxima expresión del libre mercado.

7 La tendencia marcada por los gobiernos responsables de una mayor austeridad en el gasto público se contradice con el incremento de los costes administrativos requeridos para un ministerio de Turismo inicialmente desvalido, pero enseguida impelido a aumentar sus atribuciones o el presupuesto en promoción exterior. ¿De verdad necesitamos más burocracia? Este vestigio socializante no encuentra parangón en otros sectores, pero aquí mantiene viva la llama de otras reivindicaciones sectoriales, como el canon digital, etc. En un libre mercado no se entiende bien la promoción estatal de los productos turísticos, como tampoco se entendería la de los productos farmacéuticos. Y, en referencia a la promoción de los destinos turísticos, ésta debería corresponder a los municipios, a las comarcas o a las mancomunidades de gestión. Al Estado central le correspondería, no la promoción de España como destino turístico —que no es un destino único—, sino el reforzamiento de la marca-país en el que se ven involucrados todos los sectores exportadores y no solo el turístico. Bravo Spain! también para la energía eólica y el aceite de Jaén.

8 Es manifiesto que los responsables públicos nada duchos en materia turística lo primero que hacen al encaramarse en sus cargos es anunciar un Plan de Marketing. El glamour del turismo suscita en muchos una apetencia por esa cartera e influye notablemente en los trabajos a realizar durante cada legislatura. La única política que dimana de ellos es la de la promoción turística, evidente en el alto presupuesto destinado por todas las consejerías, concejalías y secretarías a la impresión de folletos —ahora diseño de webs— y la asistencia a ferias turísticas por todo el mundo. Una gran parte de las veces, sin ningún producto concreto que comercializar, sin empresarios que apoyen sus negocios. Por no abundar en el aprovechamiento que obtienen los cargos públicos en promocionarse con apoyo financiado de los medios locales. Sin ese despilfarro interesado, la existencia de la Administración pública dejaría de tener sentido. Desde esa perspectiva inédita sí que nos parece aceptable una reducción del actual IVA turístico.

9 La reclamación de un ministro del ramo posee un sesgo gremial que desvirtúa el funcionamiento de un órgano político como es el Consejo de Ministros. Pese a la creencia generalizada de que cada uno de sus miembros atesora unas competencias únicas y exclusivas sobre la materia que lo representa, lo cierto es que esta institución mantiene históricamente —y así seguirá por mucho tiempo— un carácter eminentemente político. La transversalidad del turismo justificaría en todo caso su representación colegiada y no bajo la unicidad de un ministerio, puesto que ya todos los ministros cumplen una función turística y deben acreditar en su acervo político una visión turística. El ministro de Turismo caería, lógicamente, en una permanente redundancia. Por no incidir en una intolerable intromisión en las funciones de sus colegas: los asuntos sanitarios, en los del ministro de Sanidad; las infraestructuras turísticas, en el de Fomento; los temas laborales, en el de Trabajo; los de formación y capacitación profesional, en el de Educación; la seguridad y el orden público, en el de Interior; y así todos…

y 10 La dialéctica Estado y ciudadanía conduce inexorablemente al desencuentro de los actores que operan en la industria turística. Todos entendemos que las exigencias de vivir en democracia pasan por el diálogo y la negociación entre las partes en litigio, pero las atribuciones de poder no son iguales para todos, ni las mismas, ni equidistantes. En virtud de la representatividad electoral y sus acomodos políticos, la participación ciudadana relaja su tono a la vez que se rebaja su calidad democrática (véanse, si no, las reclamaciones en contra del movimiento 15M). Un ministerio de Turismo perpetuaría esa distancia infranqueable que sufren miles de empresas turísticas en sus relaciones con la Administración central, y solo contribuiría a aumentar las percepciones negativas que tienen los actores del turismo respecto de sus instituciones públicas.

Por todo lo arriba expuesto reitero mi opinión negativa a la creación de un ministerio de Turismo.

España no necesita un ministerio de Turismo. Ni ahora, ni nunca. Y, sin embargo, sí que necesita:

I El liderazgo global de las empresas fuertes mediante una inaplazable concentración en los subsectores estratégicos del turismo. A saber, dos o tres campeones mundiales capaces de competir con un mínimo de 130.000 camas en el Top Ten de la hotelería planetaria. Si España figura en el podio turístico mundial, sus empresas también deberían aparecer en él. Lo mismo cabe decir de la restauración y el transporte.

II Una larga cola (leer a Chris Anderson) de empresas turísticas adaptadas a su nicho de mercado y en permanente transformación, conforme a los cambios en los hábitos culturales de la ciudadanía y a la progresiva expansión de las clases medias en los países emergentes.

III Una cultura más arraigada de innovación empresarial, y no solo en las corporaciones del ámbito turístico. Empresarios y trabajadores precisan una mayor comprensión de qué es, cómo se aplica y para qué sirve la práctica cotidiana de la innovación, de ir más allá en lo habitual, de traspasar las fronteras de lo conocido y lo acomodaticio. Se necesita más investigación, más aplicaciones, más conocimiento del mercado, explorar el neuromundo de las emociones, comprender los meandros de la inteligencia emocional, diseñar una arquitectura de los sentidos, reconvertir los destinos turísticos obsoletos, superar el modelo antiguo de servicios por uno nuevo de liturgias… En fin, cambiar la Q de calidad por la C de cultura.

IV El fomento de la cooperación interempresarial porque esta nueva era que comienza estará dominada por la gestión del conocimiento. Y en la nueva sociedad post crisis, las empresas y los trabajadores competirán, no por ser los mejores hurtando conocimiento a los otros, sino por ser distintos compartiendo ese conocimiento que es común a todos y del cual todos se pueden beneficiar en el logro de su diferenciación.

V Una menor tutela del Estado en aras de una mayor responsabilidad ciudadana. Esta nueva cultura democrática obliga a las empresas a asumir un rol indiscutible en su responsabilidad social corporativa. Y a los ciudadanos, a gestionar mejor el conocimiento en vías de un consumo más informado y más responsable. Porque la primera condición de la sostenibilidad es su capacidad de ser viable sin la beneficiencia pública.

VI Sin competencias directas en Turismo por parte de la Administración pública, que sería lo deseable, toca imaginar un escenario de innovación, cooperación y diferenciación en el que estén involucrados todos los actores del sector turístico. Esta casa de todos puede ser muy bien un consorcio en el que participen con representación abierta las empresas, los trabajadores, las instituciones públicas y, por qué no, la inteligentsia social, cultural y económica de la sociedad españolas, incluida naturalmente la turística. Porque es competencia de todos los ciudadanos, y no de un único ministerio, cumplir las reglas de la hospitalidad que determinan la fenomenología del turismo, su transversalidad, las actuaciones globales en infraestructuras públicas y privadas, las fuentes de energía, el medio ambiente, el consumo responsable, la cultura, el paisaje… De carácter público-privado, es decir, con dotación pública y privada a partes iguales, este Consorcio de Turismo ejercería ese liderazgo que debe situar a España en una nueva dimensión turística. Un universo paralelo al que hemos habitado hasta ahora que no será de masas, ni de lujo, ni playero, ni rural…, sino experiencial, culto, refinado, alegre y sostenible para todos.

Fernando Gallardo |