La bochornosa sentencia del Tribunal Supremo y su posterior marcha atrás en la adjudicación del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) causa un daño irreparable a nuestro vigente sistema democrático. Porque, diga lo que diga el Gobierno, se ponga como se ponga la Oposición, y resuelvan lo que resuelvan los Tribunales, el susodicho impuesto lo va a tener que pagar necesariamente el hipotecado. Todas las cosas tienen un precio y las paga quien las adquiere. Todos los servicios tienen un coste y los sufraga quien los recibe.

Como bien apuntan los expertos en finanzas, las hipotecas generan unos gastos que si se adjudican a los bancos éstos subirán el tipo de interés o añadirán un suplemento de apertura a la hora de dar el préstamo que pagarán finalmente sus solicitantes. De hecho, algunas entidades como Ibercaja o Bankinter ya han incrementado el precio de sus hipotecas a tipo fijo: los tipos han subido al 2,82 por ciento TAE a 10 años, al 3,05 por ciento TAE a 15 años, al 3,18 por ciento TAE a 20 años, al 3,23 por ciento TAE a 25 años y al 3,24 por ciento a 30 años. Mediante el decreto del Gobierno de España que Sigue leyendo →