El ritmo de sustitución de los trabajadores humanos por trabajadores robóticos va a ser trepidante en los próximos años. Un estudio de la Universidad de Oxford, que hemos trasladado al sector hotelero en nuestros seminarios sobre Nuevas Profesiones Turísticas, cifra en 47 por ciento los empleos que desaparecerán durante los próximos 20 años. En algunas instancias laborales, los robots ya son los mejores compañeros de trabajo y su importancia aumentará vertiginosamente antes de que acabe esta década.

Frente a esta evidencia, que ya empieza a ser asumida por todos, los sindicatos europeos exploran la pertinencia de que los robots paguen impuestos, en compensación por los humanos expulsados de sus puestos de trabajo que dejarían de cotizar a la Seguridad Social.

La idea es risible ab initio. Su aplicación carece de toda lógica en la actualidad, aunque es cierto que podría tener sentido dentro de unas décadas, cuando el talento de los robots sea nítidamente superior al de la especie humana y cuando las personas se conviertan en seres biónicos, mitad humanos y mitad robots.

Mientras no llegue esa era cyborg que muchos esperamos para el siglo XXII, la formulación de un sistema fiscal específico para los robots es una entelequia difícilmente justificable y jurídicamente imposible. Establece el artículo 36.1 de la Ley General Tributaria española que el sujeto pasivo es «toda persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de la prestación tributaria principal, así como las formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo». Dichas personas naturales o jurídicas deben afrontar el pago de los tributos siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial (pagar el impuesto) y deben cumplir las obligaciones formales o accesorias, como la declaración debida, la información sobre sus operaciones y la facturación correspondiente.

Con la normativa vigente en España no existe la menor posibilidad de exigir el sometimiento fiscal de los robots. El artículo 8 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se refiere explícitamente a las personas físicas como los sujetos pasivos de esta contribución. Al mismo tiempo, el artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, también determina cuáles son las personas jurídicas (entidades) sujetas a tributación, y ni por asomo menciona a los robots.

Pues bien, si el sujeto de tributación debe estrictamente ser persona natural o jurídica, no cabe aplicar ninguna fiscalidad a una máquina. Y un robot, hoy por hoy, es una máquina. No es una persona física, ni tampoco parece que pueda acreditar el estatus de persona jurídica. Seguramente llegará un día a ser persona, pero no es probable que esta condición de ser vivo con conciencia, inteligencia y sentimientos pueda constituir una realidad tangible antes de un siglo.

El constructo de una persona jurídica, que hoy identifica a los conjuntos de personas, como las sociedades o entidades económicas, podría servir para que en un nuevo ordenamiento jurídico consideremos a los robots como máquinas en trance de ser personas, dado su nivel de inteligencia, aprendizaje y desarrollo de la personalidad. En este caso, según la técnica jurídica y democrática, deberíamos preguntarles primero a los robots si estarían dispuestos a pagar impuestos. Y, dado su número creciente, el resultado electoral les concedería una mayoría de votos que, lo más probable, impediría sacar adelante un programa fiscal injusto con ellos.

Claro que una ciudadanía (humana) soberana está facultada para modificar las leyes e introducir por voluntad propia un impuesto a las máquinas. Entonces, por equidad jurídica, estarían obligadas a tributar también las taladradoras, las cafeteras y las ollas exprés, que son máquinas de toda la vida con un futuro prometedor como máquinas inteligentes integrantes de la red social de las máquinas conocida por las siglas de IoT (Internet of Things). El Parlamento Europeo estudia actualmente un nuevo rango jurídico personal para la inteligencia artificial. Como lo ya expresado por los sindicatos, los funcionarios europeos pretenden con el denominado Informe sobre Personas Electrónicas que las máquinas inteligentes paguen impuestos y coticen a la Seguridad Social. Eluden, sin embargo, analizar el marco de competencia que la propia UE tendría sobre unas personas que por el hecho de ser electrónicas estarían constituidas por electrones y una matemática binaria, no por materiales como el hueso y la carne. Ni siquiera el metal, ya que la robótica que más evoluciona hoy en día es la RPA (robotic process automation), esto es, puro software. Por no referirnos en puridad a la inteligencia artificial (AI, en sus siglas en inglés), que no necesita de ningún cuerpo para existir y es inmortal, como el conocimiento de la Humanidad.

¿Cómo convertir a un electrón en sujeto pasivo de un impuesto? Desde luego, el empeño sindical y funcionarial alcanza altas cotas de surrealismo cuando se analiza este nuevo fenómeno del desarrollo robótico sustitutivo de gran parte de las tareas humanas. Las preguntas quedan en el aire, nunca mejor dicho. Si estas personas electrónicas habitan en la nube, ¿qué Estado podría atribuirse el derecho de recaudar tales impuestos? ¿Acaso no sería la propia nube el sujeto activo de estos derechos? La nube no tiene estado, ni conoce territorios, ni precisa financiar infraestructuras, ni está obligada a sufragar la salud de sus electrones, ni descansa, ni fuma, ni bebe, ni duerme. Tampoco necesita políticos eléctricos como los apremiados por cobrar impuestos hasta del aire.

Políticos y funcionarios terrenales como los que suscriben el enunciado de dicho Informe sobre Personas Electrónicas, que reclama «la creación de un estatuto jurídico específico para los robots, para que al menos los que sean autónomos y más sofisticados tengan la condición de personas electrónicas, con derechos y obligaciones específicas». Porque, al igual que la obligación dimanante de ser sujeto pasivo, se concede aquí un derecho dimanante de no se sabe qué. ¿A qué tendría derecho un robot? Si concedemos derechos a las máquinas, como algunos ridículamente lo pretenden también con los animales, ¿estaremos dispuestos algún día los humanos a que los robots se autoprogramen para ejercer algún derecho? Y, si se autoprograman, ¿estaríamos tan tranquilos de que pudiesen crear su propio ordenamiento jurídico, su propio Estado y su propia organización política? Porque si se organizan ellos mismos dejaría de tener sentido el Derecho como nosotros lo concebimos. Y, consecuentemente, no tributarían en nuestro sistema, sino en el suyo, si es que deciden con todos sus derechos instrumentar tales obligaciones.

Lo que en realidad los sindicatos y funcionarios europeos estudian es la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas frente a unos intrusos —las máquinas inteligentes— que deberán ser tratados como esclavos. Es decir, un cuerpo legislativo similar al que se aplica sobre animales adiestrados. ¿De quién es responsable el perro o el gato? De su amo. ¿De quién la vaca o la lubina de piscifactoría? Del ganadero o de su criador. De ahí que la ecuación robot-ternera-fox terrier resida en la mente de nuestros servidores públicos sin que les haya asistido otro pensamiento: ¿y si los robots se comportan como cebras o hipopótamos?, ¿quién es el propietario de las jirafas o los leones salvajes?

Digámoslo francamente. Los pergeñadores de esta intención fiscal quieren atribuir el pago de impuestos no a los robots, sino a los dueños de las máquinas. El tributo robótico vendría entonces a homologarse con los de circulación para los vehículos a motor (¡la minipimer, por ahora, queda eximida!).

Desde esta perspectiva utilitaria, y soslayando ingenuamente que la inteligencia robótica no alcance el grado de picaresca de la inteligencia humana en elusión fiscal, perpetrar un complot impositivo contra los robots desincentivaría su introducción en la industria europea, lo que rebajaría su competitividad frente a países como China, que es el que hoy más inversión y recursos está dedicando a la robótica industrial. Este tipo de cánones evitarían que empresas deslocalizadas en Asia o África retornasen a Europa por el aliciente del bajo coste de producción robótico.

Otro factor a tener en cuenta es la desmotivación que un gravamen a la sustitución robótica produciría en los trabajadores expulsados de la industria para intentar la creación de startups o el fomento de otras actividades productivas con mayor valor en el futuro. Si los artesanos textiles se hubiesen abrazado a sus puestos de trabajo como quiso ayer Ned Ludd y quieren hoy los sindicatos, los hijos de dichos artesanos nunca habrían llegado a ser los ingenieros que diseñan ahora los robots textiles de Zara. Si las telefonistas sindicadas siguieran pinchando clavijas en la centralita, hoy no accederíamos a toda la información del mundo desde la palma de nuestras manos. Un impuesto a la robótica supondría, por tanto, un claro retroceso en el desarrollo tecnológico y económico de la Humanidad.

Es probable que este debate se reanude a finales del siglo XXI, cuando la producción robótica haya desplazado a la gran mayoría de los humanos de sus tareas rutinarias y cuando el nivel de inteligencia y creatividad de las máquinas supere a los del homo sapiens, lo que obligaría a éste a evolucionar hacia la biónica conectando su neocortex a las grandes redes neuronales en la nube, eliminando la necesidad de los Estados garantes y sus homínidos funcionarios. En este dilema se actualizarán los constructos sociales y económicos de la viralidad productiva, la sociedad de la abundancia, el Estado automático y la administración de una renta básica no obtenida a través de un hurto fiscal, sino de una ilimitada producción digital a cargo de robots sin dueños ni estamentos reguladores.

Da miedo, pero es perfectamente factible si alcanzamos algún día la singularidad que anuncia Ray Kurzweil.

Fernando Gallardo |