El Senado de los Estados Unidos ha aprobado el proyecto de ley de Infraestructuras, promovido por el presidente Joe Biden, que otorgará un amplio respaldo a las criptomonedas frente a otros gobiernos empeñados en perder el tren de las nuevas tecnologías financieras. Mediante impuestos a los criptoactivos, el Gobierno estadounidense planea obtener los 28.000 millones de dólares que sufragarán una parte de las infraestructuras que el país necesita para el renacer de la actividad económica tras la pandemia.

Esta noticia supone un espaldarazo a la tecnología Blockchain y al mundo cripto en general que tendrá repercusiones en todo el mundo, especialmente en el decaído sector de las finanzas tradicionales, que está asistiendo a una ola de fusiones bancarias necesarias para la supervivencia de las entidades y al no menos visible cierre de miles de sucursales bancarias.

Sin embargo, llama la atención el desconocimiento general de los legisladores norteamericanos en los debates parlamentarios, que han evidenciado estos días pasados una ignorancia sobre el tema similar a la de quienes encausaron a Galileo por sus ‘estrafalarios’ estudios sobre el universo y llevaron a la hoguera a Fray Giordano Bruno por creer que la tierra es redonda.

La denominada Ley de Empleos e Inversión en Infraestructuras incluye valoraciones sobre los riesgos de los criptoactivos y su utilización para el blanqueo de capitales, así como el narcotráfico y el terrorismo. Sorprende que el Senado haya aprobado una ley que, teóricamente, incitaría a consumir drogas, planear atentados terroristas y blanquear dinero para que así, mediante los impuestos correspondientes a la transacciones con bitcoin, se puedan financiar las infraestructuras que el país necesita.

Muchos contribuyentes están convencidos de que sus señorías mantienen la honorabilidad de sus cargos lejos del blanqueo y el terrorismo, pero no tanto de las sustancias alucinógenas que podrían haber provocado una redacción tan sorprendente como esta aprobada esta semana en los Estados Unidos, más allá de cualquier consideración política sobre la idoneidad o no de incrementar las cargas fiscales para modernizar unas infraestructuras públicas que, ciertamente, se han quedado muy obsoletas en la todavía primera potencia del mundo.

Fernando Gallardo |