Una visión perversa de la economía colaborativa se está instalando estos días en la sociedad. Su autoría reside en las patronales hoteleras, que ven el fenómeno creciente del alquiler de viviendas particulares como una amenaza a su status quo vigente. En España, la patronal CEHAT canaliza esta visión con algunos ingredientes surrealistas, propios de un país que ha sido la patria de Dalí. Su secretario general, Ramón Estalella, pide a las autoridades que se regule este alquiler bajo la figura de una agencia de viajes y se obligue a su principal promotor, Airbnb, a inscribirse obligatoriamente en el registro de agencias de viajes. Porque esta actividad de alquiler entre particulares, sostiene Estalella, incurre en lo que se denomina «economía sumergida», esto es que comete fraude fiscal.

Por supuesto que las posibilidades de considerar el alquiler de viviendas particulares como una actividad de intermediación turística no tiene visos de prosperar. No porque el legislador, desmenuzando la actividad, considere que una empresa cuyo negocio es poner en contacto al propietario de una vivienda y su inquilino temporal no pueda ser considerada como un intermediario turístico, sino porque esta interpretación de la actividad obligaría a un buen número de alojamientos hoteleros a registrarse también como agencias de viajes. Recordemos un artículo anterior, Por qué Airbnb es el enemigo, en el que se aludía a esa característica de los establecimientos adscritos a las grandes cadenas internacionales. Ni tienen la propiedad de los edificios, ni realizan la gestión de los mismos. Tan solo franquician su marca, que no es una actividad muy diferente a la de poner en contacto al cliente con el gestor del negocio. Lo mismo que hace Airbnb.

El último informe sobre la coyuntura turística presentado por Frontur pone de manifiesto que la ocupación hotelera en España ha disminuido este año en un 1,7%, mientras que el 19% de viajeros parecen haberse alojado en casas de amigos y familiares. A lo cual se pregunta Estalella, “¿alguien se cree que más de un millón y medio de turistas se han alojado con amigos y familiares?”. Obviamente, mucho de ese 19% se ha alojado en viviendas particulares intermediadas por Airbnb, Homeaway, etc. Nadie sensato lo puede rebatir, pues dicen los mismos estudios que en tan sólo cuatro años el alquiler de viviendas particulares ha logrado una cifra de negocio en Barcelona de 128 millones de euros y crea 4.000 puestos de trabajo al año. El sector crece y está provocando temblores en el gremio hotelero, más entre los grandes que entre los pequeños, por las circunstancias referidas en el artículo citado más arriba.

Pero lo más llamativo de estas declaraciones, la visión perversa que se pretende instalar en la sociedad, es la afirmación constante de que el alquiler de viviendas particulares genera una bolsa de fraude fiscal e incurre en economía sumergida. Airbnb ha proclamado hasta la saciedad que paga los impuestos.. que debe. Y en una carta abierta a Barack Obama, el CEO de la compañía, Brian Chesky, exigió hace unos meses que se modificaran determinados aspectos de la ley para pagar más impuestos, ya que la contribución fiscal en Estados Unidos está considerada un motivo de orgullo ciudadano. Otra cuestión es que los propietarios de los establecimientos anunciados en Airbnb coticen más o menos ante Hacienda según la legislación vigente en cada país. En España existe la obligación de anotar el incremento patrimonial en la declaración del IRPF.

Es admisible suponer que un porcentaje equis de este incremento patrimonial no se declara, lo que significa sin ambages incurrir en fraude fiscal. Pero acusar a todo este emergente subsector como delictivo es tan descabellado como acusar al sector hotelero de fraudulento por culpa de empresarios hoteleros que sí han incurrido, incurren y posiblemente sigan incurriendo en fraude fiscal. Antes había que desplazarse hasta las hemerotecas en busca de la información probatoria. Ahora, con Google en la tecla, su suceden los casos de hoteleros imputados o acusados de delitos contra la Hacienda pública.

• En 2013, la Guardia Civil implicó a 20 ex altos cargos de la CAM por defraudación fiscal en la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en Méjico, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación. La Audiencia Nacional dictó prisión bajo fianza de siete millones de euros para Juan Ferri y José Baldó, quienes al no pagar la caución fueron trasladados a la prisión de Soto del Real.
• Tres años antes fue desmantelada una trama de evasión fiscal en Ibiza en la que estaban implicados los dueños del entonces mayor conglomerado hotelero ibicenco, Playa Sol, con más de 70 hoteles en propiedad. Los tribunales condenaron en marzo de 2014 al hotelero Fernando Ferré a siete años de prisión.
• El año pasado, antes de ser vendido al fondo catarí Diar, los propietarios del hotel vela barcelonés, el W Barcelona, fueron objeto de una querella de la Fiscalía por delito fiscal en la declaración de IVA por valor de 14 millones de euros.
• El año pasado ni siquiera se salvó el dueño de los lujosos hoteles marbellíes Puente Romano y Marbella Club, para el cual la Fiscalía Anticorrupción pidió 170 años de cárcel y multas cercanas a los 1.000 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública y lavado de capitales.
• La importante cadena mallorquina Riu Hoteles tampoco se ha salvado de estar en el punto de mira fiscal. Uno de sus principales accionistas, el turoperador TUI, ha tenido que pagar este año 50 millones de euros para cerrar la causa abierta en los juzgados por cinco delitos fiscales al no tributar adecuadamente los beneficios de sus actividades en España.
• Y, cómo no, Nueva Rumasa. El Juzgado de lo Penal 1 de Granada condenó en septiembre de 2013 a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros a dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y transferir parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia y radicada en el paraíso fiscal de Belice.

La lista es tan amplia como ganas y paciencia tenga uno de investigar en los delitos fiscales cometidos por el sector hotelero. Pero de ahí a decir que el sector hotelero es corrupto media un abismo, un gran disparate y una audacia dialéctica tan irreal como sostener lo mismo del sector de las viviendas particulares. El lobby hotelero está jugando con fuego, y quien juega con fuego se expone a quemarse. Puede que algún día, los hoteleros inteligentes, es decir, aquellos que se centran en el producto y persiguen el recuerdo emocional de sus clientes, encuentren en Airbnb a un aliado en el intercambio experiencial entre la clientela y la industria turística.

[Un año después de publicado este artículo debo romper una lanza en favor de Eduardo Estalella que, al menos personalmente, está reconsiderando su aversión a la economía colaborativa y tiende puentes entre el negocio hotelero y el alquiler de viviendas privadas. Un puente que tendió, con carácter pionero, el empresario hotelero Kike Sarasola.]

Fernando Gallardo |