El derecho imposible al olvido

google-olvidoA las personas que cumplen ya ciertos años se le olvidan las cosas y, muchos, rezan a San Antonio para recordarlas. Porque la memoria es lo que más nos separa de nuestro estado primitivo, lo que más nos diferencia de los animales. Memoria transmitida de generación a generación para que el conocimiento crezca y madure como civilización. Ir contra la memoria es, en suma, ir contra la civilización.

Además de la edad, existen otras maneras de perder la memoria. Las drogas se han mostrado históricamente eficaces en su bloqueo. Una trepanación del cerebro puede causarla, si soslayamos sus efectos colaterales. Un golpe infortunado en la cabeza también provoca amnesia. Pero el método más singular de todos es el que Google acaba de acordar con las autoridades francesas, de aplicación generalizada en Europa. El derecho al olvido.

Como si lo vivido fuera un sueño, las mentes bienpensantes europeas creen que existe un derecho irrenunciable al borrón y cuenta de los ciudadanos. Lo cual es tan utópico y estrafalario como promulgar el derecho a que no llueva, el derecho a que no haya olas en el mar o que los volcanes no emitan lava y ceniza. O tan ridículo como el derecho de una persona a no llevar el cerebro encima, pese a que muchos descerebrados pretendan hacernos creer que se les ha evaporado su masa gris.

Naturalmente que caben objeciones éticas y morales al perjuicio originado por una causa latente, sin enterrar. Podremos sepultar a los autores de un delito, pero nunca olvidar el mal causado. ¿O es que las autoridades europeas se van a investir de autoridad para trepanar los cerebros de quienes no olvidan delitos prescritos? ¿Qué otro modo habría de evitar la circulación de la información? ¿Cómo frenar el viento que no es otra cosa que el aire en movimiento? ¿Acaso consumiendo todo el aire de la Unión Europea?

Y, si así fuera, quedaría aún todo el aire que circula por otros continentes o por el universo entero. Polvo cósmico, sí. Pero memoria del tiempo.

Esto es lo que ocurre cuando, por defender causas dignas, se llega al dislate desmemoriado. La Commission Nationale de I’informatique et des Libertés (CNIL) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrán conjurar todos los demonios siderales, perseguir con leyes a los poseedores de cerebros, quemar los discos duros como los libros en Fahrenheit 451, pero nunca lograrán desafiar las leyes de la física o modificar los fundamentos de la información digital. Es cierto que Google ha claudicado ante la exigencia comunitaria de censurar datos discriminando los resultados de las búsquedas en función de la dirección IP de los usuarios. Pero no puede impedir que los interesados en estas búsquedas engañen al buscador con extensiones Ghost o mediante el uso de navegadores anónimos como Tor.

Al parecer, los reguladores comunitarios no aprendieron de pequeños el primer principio de la Termodinámica, ese que dice que «la energía ni se crea, ni se destruye, se transforma». Pues el sistema de información que lo rige existe en permanente transformación, sin que se pueda destruir. Los datos, una vez publicados, se serializan hasta el infinito. Son indestructibles.

Palmira, sus ruinas, fue destruida por los talibanes del olvido. Su recuerdo quedará, sin embargo, en el consciente colectivo de la pretendida desmemoria.

Por mucha limpieza de estatuas infaustas que haya en las calles de nuestras ciudades, los Torquemadas gozarán a nuestro pesar de un lugar en la Historia.

El buenismo político es lento en asumir las nuevas reglas de la sociedad digital, que es la sociedad de la transparencia y de la información socializada. Al igual que el retraso en asumir la realidad de la economía colaborativa, el proceso abierto de sustitución de los recursos humanos mecánicos por recursos robóticos inteligentes o la asunción progresiva del garantismo estatal por las nuevas comunidades digitales de usuarios, la tardanza en dar carpetazo a un imposible derecho al olvido no solamente transmite una imagen patética de los burócratas, sino dilapida el fruto de unos impuestos que pagamos todos los ciudadanos de nuestros bolsillos.

Fernando Gallardo |

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