La Asociación de Turismo Rural de Cantabria, a través de su presidente, Jesús Blanco, ha criticado la iniciativa de la Asociación de Casas en el Entorno Rural (ACERCAN), que exige al gobierno regional la regulación de las viviendas de alquiler turístico en el nuevo marco de la economía colaborativa. Blanco considera que la normativa del sector es suficiente, ya que «regula toda la casuística alojativa, sin necesidad de tener que crear a la medida un nuevo concepto de alojamiento, única y exclusivamente con la finalidad de dar cobijo legal a estas casas que», en su opinión, «se han dedicado a explotar sus viviendas de manera clandestina, sin declarar lo ganado y sin mantener unos estándares mínimos de calidad y, lo que es mucho más grave, sin ningún tipo de garantías para los clientes.»

El epicentro del debate sobre la economía colaborativa ya ha dejado de situarse en el turismo vacacional, en el urbano y corporativo, y, ahora, cobra plena actualidad en el ámbito rural. Desde las redes sociales, y también desde otros foros como el próximo Omexpo, el 27 de mayo próximo, se me ha invitado a expresarme al respecto. Por si alguno tuviera aún dudas acerca de mi defensa de la economía colaborativa y, por ende, de la libertad de emprendimiento, debo reconocer mi aquiescencia con la Asociación de Turismo Rural de Cantabria en la primera parte de su comunicado.

En efecto, estoy convencido de que la normativa del sector turístico es suficiente y contempla bien todas las especificidades de la industria que genera hoy por hoy la mayor cuota del PIB español. Así se lo he hecho saber en alguna ocasión a las autoridades turísticas cántabras (cuando me han pedido opinión sobre la materia), con la sugerencia añadida de desregular esta industria en aquellos aspectos en que su regulación es innecesaria. Las empresas turísticas y los usuarios de sus servicios a menudo son víctimas de la hiperregulación que hoy padece el sector, lo que coarta la libertad de emprendimiento y encarece los servicios turísticos. No hay ninguna necesidad de regular la seguridad de dichos servicios porque ya existe el marco regulatorio competente por parte de otras instancias públicas, como Interior, Protección Civil o el Código Técnico de la Construcción. No hay ninguna necesidad de regular la higiene de estos servicios, porque ya está Sanidad encargada de ello. No hay ninguna necesidad de regular los factores medioambientales del turismo porque el Ministerio competente y las consejerías autonómicas de Medio Ambiente ya son, efectivamente, los reguladores competentes en esta causa. Lo mismo cabría decir de las actividades comerciales, las condiciones laborales, etc.

Entonces, ¿qué le queda a la normativa turística? Dos condiciones innecesarias: la clasificación de los alojamientos turísticos en función de su calidad y la protección de los derechos del consumidor. La primera es innecesaria porque es una condición subjetiva. Se podrán objetivar los metros cuadrados de una habitación, la altura de los tabiques o la existencia de una peluquería en el hotel, pero es racionalmente imposible escapar a la lógica de los sentimientos, de las emociones, de las experiencias personales, de los que cada uno rendirá cuentas —si se cree en ello— el Día del Juicio Final. La segunda condición es innecesaria porque el Estado, a través de su sistema de inspección, es incapaz de aproximarse en número y calidad democrática a las organizaciones ciudadanas que hoy se promueven desde las redes sociales. Si en el pasado de la sociedad analógica lograr una comunidad de millones de personas con voz era una tarea imposible, la sociedad digital de hoy lo consigue sobradamente a través de las plataformas tecnológicas que reúnen la opinión y el sistema de autoprotección de millones y millones de viajeros en el mundo. Recordemos que solo una marca, Airbnb, registra 40 millones de pernoctaciones al año.

Por tanto, estoy completamente de acuerdo con la Asociación de Turismo Rural de Cantabria en que ya es suficiente tanta normativa turística.

¿En qué limbo, pues, queda el alquiler de viviendas particulares? Hasta hace poco no existía ese limbo. El régimen de alquiler de estas viviendas estuvo siempre contemplado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a la que nunca debió añadírsele una referencia turística en su articulado, como grotesca habría asido una apostilla que contemplase el alquiler de viviendas para remendar zapatos en su interior o practicar el teletrabajo, como practican hoy millones de ciudadanos en todo el mundo. ¿Por qué discernir entre el alquiler residencial, el telelaboral o el turístico? Pues bien, desde el desvío hacia las Comunidades Autónomas del problema por parte del Gobierno central, en muchas regiones estas viviendas han quedado en una situación, no de ilegalidad, sino de alegalidad. Es decir, no sujetas a ninguna normativa. Esto es lo que pretende la Asociación de Casas en el Entorno Rural, que ha merecido el reproche de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria.

Y entramos ahora en mi discrepancia con dicha asociación por las siguientes acusaciones formuladas en el susodicho comunicado crítico con el gobierno regional. Jesús Blanco acusa a los propietarios de casas rurales que «se han dedicado a explotar sus viviendas de manera clandestina», lo cual no puede ser de ninguna manera cierto ya que, hasta la irrupción del fenómeno Airbnb y la economía colaborativa, éstas ya estaban reguladas por la LAU. La acusación de clandestinidad es, pues, gratuita e infundada. «Sin declarar lo ganado», continúa Blanco, como si quisiera dar a entender que él ha infringido la norma constitucional de privacidad—que tampoco quiero defender ahora— y conoce las declaraciones personales de todos los propietarios de dichas casas. Porque la obligación de todo ciudadano es, desde luego, declarar todo lo ganado. Y, en el caso de los alquileres de viviendas, lo ganado debe constar en la Declaración Anual de la Renta, como los teletrabajadores o los artesanos que remiendan calzado.

«Sin ningún tipo de garantías para los clientes», acusa nuevamente Blanco incurriendo en un cierto desprecio a los usuarios que viajan y consumen estas viviendas. ¿O es que los viajeros no son conscientes de su protagonismo indiscutible en el consumo turístico a través de sus opiniones y, sobre todo, de su voluntad de reservar con un solo clic? Comprendo las dificultades de entender que el funcionamiento de la nueva sociedad digital es y será muy diferente al acostumbrado en la vieja sociedad analógica. Y confío en que, conforme se vaya asimilando este nuevo proceder, Jesús Blanco y otros representantes del sector turístico venzan sus reticencias a lo que se vaticina sustituirá la encomienda estatal de la protección del consumidor, esto es, el sistema de confianza organizado en torno al ciudadano por las plataformas digitales.

En medio de las críticas vertidas por la Asociación de Turismo Rural de Cantabria y las exigencias regulatorias de la Asociación de Casas en el Entorno Rural, se encuentra hoy el gobierno regional de Cantabria con una difícil papeleta en las manos. ¿Hacia qué lado tirar? ¿Dejar que el alquiler turístico de viviendas siga en el limbo de la ley o desregular por completo el sector turístico? En mi opinión, el reglamento de referencia debería ser el establecido en noviembre de 2014 por el Gobierno portugués a través de su Secretario de Estado para el Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, cuya noticia publicamos en este Foro: Portugal liberaliza el turismo.

En resumen, tres enunciados rectores:

Los residentes son libres de compartir sus hogares con huéspedes de cualquier parte del mundo.

La ley no interfiere en asuntos como las áreas, los servicios, el equipo o incluso en su construcción. El objetivo es garantizar la libertad a los propietarios para crear el mejor producto que tome en consideración a sus clientes.

Los impuestos aplicables al alquiler de viviendas deben ser claros y más fáciles de abonar a la Hacienda pública.

Fernando Gallardo |