Estaba cantado que la limitación impuesta en algunas regiones españolas al alquiler vacacional iba a suscitar la rebelión de los destinos turísticos. Principalmente de aquellos gobernados por la izquierda, más afín a la concentración de negocio en manos de los lobbies hoteleros que a una verdadera redistribución de la riqueza, contra el pregón de su ideología oficial. Acaba de suceder en Mallorca, donde el comercio, la restauración y el ocio nocturno se resienten ya del descenso en la llegada de turistas provocado por el freno a la economía colaborativa decretada por el gobierno balear. La amenaza de fuertes sanciones aleja hoy de las islas a quienes realizaban un gasto estimable en los establecimientos comerciales de las zonas en las que se alojaban.

A nadie se le escapa que el auge de los precios y, en menor medida, la recuperación de los destinos mediterráneos competidores amenazan el explosivo crecimiento turístico de España en el último lustro. Será difícil llegar este año a la cifra de 82 millones de turistas internacionales, aunque sí podría rebasarse el gasto medio por turista de 1.054 euros en 2017, según la estadística de Egatur. En 2019, las previsiones son menos optimistas. Y aún podrían ser peores las de 2020.

En el supuesto de que este 2018 iguale las cifras de la temporada precedente, la industria turística señalaría en el cómputo referencial unas tablas que, sin embargo, no contentan a todos. El encarecimiento de los precios hoteleros y la duplicación de la ecotasa hacen derivar hacia este subsector la mayor parte del gasto, lo que permite deducir que las viviendas de alquiler vacacional recibirán una menor participación en la torta del gasto internacional. Nada que objetar, por supuesto, a un hecho que constituye la libre expresión de oferta y demanda. Así como tampoco a la voluntad libre de los turistas de gastar donde quieran, como quieran y cuanto dinero quieran. Pero los damnificados por esta situación ya están siendo las viviendas vacacionales, limitadas por el gobierno balear autollamado de izquierdas, así como la caja de los comercios, los bares, los restaurantes y los locales de ocio nocturno. Esta oferta complementaria depende más del alquiler turístico que de los hoteles, cuyo modelo de negocio concentra en sí mismo buena parte de esta oferta complementaria. Y no solamente en su segmento del ‘todo incluido’.

Sobre una base territorial y fiscal nada se mueve en el tablero si el saldo entre igresos y gastos acaba siendo el mismo en 2018 que en 2017. Lo que se mueven son las cuentas internas entre los actores del sector turístico. Esto es, ganan los hoteleros y pierden los propietario de viviendas turísticas, los comerciantes, los empresarios de la restauración y de otros colectivos beneficiarios de la actividad turística. En consecuencia, se produce una mayor concentración de capital en el subsector hotelero en detrimento de otros subsectores turísticos.

Nada hay ilícito en el ajuste de cuentas entre los diferentes subsectores turísticos. Solo que nadie podrá negar a partir de ahora el efecto oligopolístico que generan las medidas decretas por el gobierno balear contra el alquiler turístico. Como tampoco se podrán negar esas mismas consecuencias en la Comunidad Valenciana, en Asturias o en las islas Canarias. Sus gobiernos están en su perfecto derecho a regular cuanto les venga en gana y de acuerdo a la voluntad de sus votantes. Pero que no nos vengan después con los cuentos manidos de la redistribución de la riqueza, la economía participativa o las políticas antimonopolistas.

Fernando Gallardo |