El nuevo secretario general de UGT, Pepe Álvarez, está resuelto a cargarse el Estado de Bienestar en España. Muy seguramente a los trabajadores de su sindicato no les hará mucha gracia, pero su visión de los cambios que estamos viviendo con la transformación de nuestra sociedad analógica en una sociedad digital así lo garantiza. Álvarez comienza a darle vuelta a una idea tan insólita como demoledora: “que los robots coticen a la Seguridad Social”.

Es probable que el líder sindicalista haya sido inspirado por un proyecto del Parlamento Europeo que quizá no vea la luz después del Brexit. El riesgo que corren hoy los países europeos tras la deserción del Reino Unido es que Europa se las pire también de la Unión Europea al comprobar cómo muchos de sus funcionarios apelan a Bizancio. Las señorías parlamentarias de Estrasburgo pretenden recomendar a las autoridades comunitarias un estudio sobre robótica y Derecho Civil que termine exigiendo a las empresas declarar en qué medida y proporción la robótica y la inteligencia artificial contribuyen a sus resultados económicos, a efectos de fiscalidad y del cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los parlamentarios europeos se han puesto en alerta frente a los vaticinios de robotización formulados por el Foro Económico Mundial, en Davos, cuyo impacto en las empresas europeas obligará a prescindir de 5,1 millones de trabajadores en los próximos cinco años. Datos que Jeremy Bowles, del Instituto Brueguel, exagera aún más hasta alcanzar en el caso de España el 55 por ciento de los puestos de trabajo. En los seminarios que impartimos por diversas ciudades españolas y americanas a lo largo de 2016, hemos previsto que el 45 por ciento de las funciones mecánicas realizadas por humanos en la actualidad serán efectuadas por robots en la década de 2030.

La preocupación de gobiernos y sindicatos será, a partir de ahora, quién y cómo se financiarán las pensiones. Antes incluso, cómo repercutirá el proceso de sustitución en el mercado laboral, afectado ya en algunos países —especialmente, Estados Unidos— por lo que ya se conoce como la ‘uberización del trabajo’. Esto es, la contratación mayoritaria por horas y la facturación a través de aplicaciones digitales con sede en la nube, sin adscripción territorial.

Mientras algunos fiscalistas admiten que el impuesto a la robótica se adhiere al impuesto de sociedades, suponiendo que los robots solo puedan ser propiedad de personas jurídicas y no físicas, el original ugetista Pepe Álvarez asimila la idea de que lo cotizado no es el trabajador persona, sino la fuerza de trabajo, el trabajador máquina.

Justo es decir que muchos trabajadores humanos parecen robots cuando trabajan. Pero no menos justo es reconocer que esta clase de empleo va en regresión en nuestra sociedad, bien porque el aparato productivo no requiere ya de dichas funciones, bien porque más pronto que tarde van a ser todos robotizados. El constructo de Álvarez sería, pues, imposible de aplicar porque el trabajador máquina al que se pretende hacer cotizar el seguro de pensiones dejaría de existir al final de este desideratum.

Pero no, la idea de Josep Pepe Álvarez es obligar a un robot inteligente a cotizar a la Seguridad Social para pagarse su futura pensión. Y ahí es donde se advierte el poder destructivo del líder sindicalista. Los impuestos generan derechos, por definición. Si se hace pagar impuestos a los robots, el sistema jurídico tendrá que reconocer sus derechos y velar por ellos. A diferencia de cualquier mortal con fecha de caducidad, el robot seguirá vivito y coleando hasta la eternidad después de llegado a su edad de jubilación. Lo cual se traducirá por una pensión vitalicia, sin perspectivas de que el robot deje de existir algún día. Para qué, si le convendrá seguir ensamblado para cobrar su pensión.

Imaginemos ahora un ejército de millones de robots existiendo eternamente. ¿Cómo piensa Álvarez que se pudieran generar recursos tributarios suficientes para mantener a este ejército industrial hasta la eternidad? Quizá piense que en algún momento habría que despiezar a los robots no operativos. ¿Con qué autoridad? Su dueño podría defender en un tribunal su patronazgo, sin que nadie, ni la ley misma, pudiera desposeerle de ese bien. En cuyo caso se vería recompensado por esa pensión eternamente vitalicia. Y transmitir los derechos de tal pensión a sus hijos, a sus nietos, porque el perceptor de la pensión no muere. Muere su propietario, pero el robot no.

En fin, podríamos seguir añadiendo argumentos a este desastre económico que el capo del sindicato UGT puede causar con sus ideas futuristas. Pero no sigamos perdiendo el tiempo con esto. Ayudemos a Pepe Álvarez a reflexionar sobre los grandes cambios sociales, laborales, económicos, jurídicos y políticos que la era digital está provocando. Ayudémosle a comprender que las reglas de la vieja sociedad analógica no rigen necesariamente en la nueva sociedad digital, so pena de provocar un desastre como el que está baruntando desde la dirección de un sindicato diseñado en agosto de 1888, cuando aún faltaba medio siglo para que apareciera la televisión.

Y ayudemos también a los profesionales del turismo a dejar de ser trabajadores-robots. Una industria más creativa y más humana está llamando a las puertas del futuro. La llaman ‘industria de la felicidad’.

Fernando Gallardo |