El cielo protector anti Uber

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Cuando yo era joven, feliz e indocumentado los matrimonios en España no se podían romper. Daba igual que hubiera violencia de género en el hogar, que los niños sufrieran con las trifulcas familiares, que los cónyuges se odiaran y desearan emprender una nueva existencia por separado. El divorcio era ilegal.

La ley de Principios del Movimiento Nacional, en los cuales estaba basado el régimen de Franco según los ideales de patria, familia y religión, impedía que dos personas casadas pudieran decidir libremente la disolución de su matrimonio. Si mal no recuerdo, el principio II obligaba a los españoles a acatar la Ley de Dios formulada por la Iglesia Católica, y no otra, cuya doctrina inspiraría todo el ordenamiento jurídico. De igual manera, el principio V organizaba a los ciudadanos en torno a la familia, subordinando el interés particular al bien común de la Nación, y ponía a los españoles bajo el amparo de la ley divina.

Por supuesto, existían otros principios fundamentales que hoy nos parecerían razonables, democráticos y muy progresistas, como los que votamos bona fide de elección en elección, ya sea al Partido Popular, al Partidos Socialista, a Ciudadanos o a Podemos. El principio III consagraba la aspiración de España a la instauración de la justicia y la paz entre las naciones, 50 años antes de que un presidente socialista hablara de la Alianza de Civilizaciones. El principio IX sostenía el derecho de los españoles a una justicia independiente, a la educación, a los beneficios de la seguridad social, y a una equitativa distribución de la renta nacional y las cargas fiscales. El principio X reconocía el derecho al trabajo. El principio XI mencionaba a la empresa como una comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Por último, el principio XII encomendaba al Estado la facultad de perfeccionar la salud física y moral de los españoles, así como asegurarles unas condiciones dignas de trabajo e impulsar el progreso económico de la Nación.

Como puede deducirse, mucho de lo que hoy se comenta en tertulias políticas y redes sociales huele a franquismo. Es hora de celebrarlo. Rindamos un homenaje a la figura de Francisco Franco Bahamonde que, como la mayoría de nuestros ciudadanos de hoy, palpitaba con la idea de un país ordenado, educado, justo, solidario, equitativo, redistributivo, anhelante de buena salud, trabajador y afiliado al sindicato y al INSS. Glorifiquemos el nombre de este personaje incorrupto, paladín de los buenos usos y costumbres, defensor de la pureza sindical y el contrato de trabajo indefinido. ¡Hail Trump!, ¡Hail Le Pen!, ¡Hail Farage!, guardaespaldas de nuestro Estado de bienestar.

Pero, ¿del divorcio que?

Jesucristo insistió en la intención original del Creador de asegurar un matrimonio indisoluble (cf Mateo 5:31-32; 19:3-9; Marcos 10:9; Lucas 16:18; 1 Corintios 7:10-11). El Derecho Canónico advierte que «el matrimonio celebrado y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte» (Código de Derecho Canónico, canon 1141). Y dado que el ordenamiento jurídico español de la época se sustentaba en este Derecho (principio II del Movimiento Nacional), no había lugar ni ley para el divorcio entre un hombre y una mujer. No digamos entre dos hombres o dos mujeres, que serían merecedores de escarnio público y, más atrás en el tiempo, el garrote vil.

La razón por la cual el divorcio estaba prohibido en España durante una parte de mi juventud había que buscarla consecuentemente en la ley natural. Pretender una ruptura del contrato sacramental, aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta la muerte, significaba ir contra la alianza de salvación en el juicio divino. Un hecho tan grave como el de yacer con otra persona, aunque no se cuestione el matrimonio ante Dios. «Si el marido se une a otra mujer es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esta mujer; y la mujer que habita con él es adúltera, porque ha atraído a sí al marido de otra» (San Basilio, moral. regla 73). Así pues, el divorcio adquiriría un carácter inmoral por el desorden que introduce en la célula familiar, lo que entraña daños graves para los cónyuges y los hijos, si los hubiere, además de pervertir a la sociedad entera por su efecto contagioso, hoy denominado viral.

Y la única manera de evitar esta plaga es mediante un insecticida tan poderoso como la prohibición de libertad. Franco temía que los ciudadanos libres pudieran infligir daños a los inocentes y a los desfavorecidos. Sin moral ni justicia, el libre pensamiento originaría más desigualdad social y el triunfo de los fuertes sobre los débiles, los infieles sobre los creyentes, los pecadores sobre los virtuosos. Era aconsejable que las féminas, en los espacios sagrados, portaran el hiyab. Sí, ese símbolo que hoy todo el mundo asocia al islamismo degollador santificaba también a las mujeres de mi juventud en España. La corrupción moral era objeto de prisión mayor en Carabanchel o en Yeserías. Prevenir antes que curar. La gente de bien había de ser protegida por el Estado de Derecho (Canónico) y la libertad de conciencia, una plaga social que convenía prohibir. Degollado el perro, muerta la rabia. O, frente al mal del adulterio, el peso de la ley.

Unos pocos ciudadanos en aquella época practicábamos, sin embargo, ciertos ejercicios laterales que el tiempo ha venido a denominar pensamiento lateral. Nada de lo expuesto en los párrafos anteriores era objetable desde la razón, salvo que hubiera otras razones que nos animaran a defender la libertad de conciencia y, por ende, las demás libertades individuales, sociales, económicas y políticas. Mientras la razón generalísima del régimen franquista era el derecho canónico a la protección integral de nuestra ciudadanía, a muchos de nuestros ciudadanos nos parecía que el libre ejercicio de la cópula no tenía por qué perjudicar a la sociedad entera, salvo que el vecindario fuera integrista o enfermo mental. Y que los desamores deberían poder saldarse en el petit comité del hogar, si es que los cónyuges se avenían a resolver sus desacuerdos sin el amparo de la moral católica o islámica. Que siendo encomiable la garantía de una pureza espiritual por parte de las instituciones públicas, nosotros preferíamos la no injerencia de ninguna ley en los asuntos de conciencia. Y que sí, que estábamos dispuestos a asumir nuestros pecados en el Día del Juicio Final sin la necesidad de pasar antes por el Tribunal de Orden Público (el sillón de los ayatolás en la España franquista). En resumidas cuentas, que no necesitábamos a Don Corleone ni siquiera para equivocarnos en nuestras libres decisiones. Nos sentíamos mejor como ciudadanos libres que como ciudadanos asegurados.

Y todo esto viene a cuento porque mañana, martes 29 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea inicia la vista para resolver la petición de decisión prejudicial que presentó un juez de Barcelona en junio de 2015 para determinar qué ley rige la actividad de Uber. Esto es, si la actividad realizada por dicha plataforma tecnológica de intermediación entre el titular de un vehículo y la persona que lo necesita como medio de transporte «gestionando los medios informáticos, interfaz y aplicación de software que permitan su conexión» debe considerarse una mera actividad de transporte o más bien un servicio propio de la sociedad de la información.

Para que no quepa duda de la buena intención europea en fomentar un entorno normativo que permita desarrollar nuevos modelos de negocio, el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha declarado que el cometido orgánico de su institución es… «proteger a los consumidores y garantizar la justa fiscalidad y el empleo en condiciones de toda la ciudadanía».

¿Incluso de aquellos consumidores que preferimos no ser protegidos frente a la plaga moral de Uber, Airbnb y las demás plataformas P2P?

Fernando Gallardo |

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