El Gobierno anuncia en España una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que llevaría aparejado un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, cree que el gran problema actual del turismo no es el descenso en la llegada de extranjeros, ni su efecto sobre la rebaja de precios, ni el resurgimiento competitivo de los países mediterráneos afectados por la inseguridad política, ni la insuficiente participación española en el desarrollo de tecnologías que sin embargo es la primera en aplicar a escala turística, ni los augurios de sustitución robótica que ya se empieza a producir en la operación y distribución de productos hoteleros, ni siquiera la fusión de cadenas hoteleras a que obligaría una nueva recesión global casi cantada por culpa de la insostenible deuda pública de numerosos países. No, la principal preocupación del turismo en españa es Airbnb.

Por ello, la secretaria de Estado ha anunciado durante la presentación del informe ‘Turismo y Economía. Análisis, medición y horizonte’, elaborado por el Consejo General de Economistas, que el Gobierno abordará esta semana la regulación de las viviendas de uso turístico mediante una serie de actuaciones que incluirán la de dar voz por primera vez a las plataformas tecnológicas y a las comunidades de vecinos, entre los principales implicados en la situación. Es de esperar que el talante a favor del diálogo por parte de la titular de Turismo contribuya a esclarecer el futuro del alquiler turístico y disipar muchas de las dudas que la economía colaborativa siembra hoy en los profesionales más asentados del sector. Algo que, como la propia Oliver ha señalado, el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy «no fue capaz de abordar ni ejercer su liderazgo».

El objetivo del Gobierno actual es, al contrario, acordar entre todos los actores una regulación definitiva de un fenómeno que ha pillado a muchos por sorpresa y ha debilitado la seguridad jurídica del turismo en España. Lo cual es preocupante en la que es hoy la primera potencia mundial en turismo vacacional y seguramente también en relevancia y capacidad de influencia global.

No va a ser fácil. El Gobierno contempla la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que significaría la reversión a la Administración central de aquellas materias transferidas a las Comunidades Autónomas, como es el caso del célebre epígrafe e) del artículo 5 de dicha ley. Una vía abierta a esta retrocesión sería la favorable actitud de los partidos nacionalistas que han concedido su voto a favor para que este Gobierno sustituyera al anterior en una moción de censura. Lo cual no significa un cheque en blanco para devolver sus competencias al Estado causante, en teoría, de su insuficiencia democrática, su falta de libertades civiles, la supuesta corrupción de la Judicatura, su crisis económica, su violencia policial y todos esos argumentos justificativos del nacionalismo regional español.

La secretaria de Estado aboga también, al parecer, por un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal que permita a las comunidades de vecinos decidir sobre lo que se hace en sus propiedades. Este punto aparentemente simple reviste unas características subversivas con difícil encaje en la Constitución, aunque todavía es pronto para hacer conjeturas al respecto. Por un lado, las comunidades de vecinos podrían vetar el alquiler turístico en sus edificios, que actualmente requiere la unanimidad de los vecinos, incluida la del propietario que busca poner su vivienda en alquiler. Un imposible en dos palabras, vaya. Pero es que, además, las comunidades de vecinos estarían facultadas para rechazar que cualquier ciudadano pueda comprar o alquilar una vivienda si no es del agrado común. Dado que esta modificación legal no sería retroactiva, las comunidades de vecinos se mostrarían incapaces de expulsar a un propietario o arrendatario confictivo del edificio por mucho desorden público que provocara en él, lo que tampoco remediaría la causa principal de la queja que hoy los vecinos dirigen contra el alquiler turístico. Esta iniciativa sería algo así como meterse en un berenjenal jurídico para ni poder siquiera recoger la cosecha.

Lo que más llama la atención aquí es que Oliver se plantee un debate con todos los actores afectados por el alquiler turístico, sin que haya habido un precedente similar en el análisis de la problemática hotelera. Hasta ahora ninguna asociación de propietarios de viviendas turísticas había sido convocada para resolver una controversia en el sector hotelero. Es de esperar que la secretaria de Estado inicie un nuevo estilo político convocando a los representantes de estas asociaciones de alquiler vacacional en cualquier modificación futura de una normativa hotelera.

Llama también la atención que la responsable del turismo español proclame su compromiso por la generación de una oferta turística de calidad para las generaciones futuras, pues estaría dando a entender que la principal industria del país no reúne la calidad suficiente. Lo cual es muy inexacto, habida cuenta de los sucesivos récords que España ha protagonizado en las últimas temporadas. Al contrario, más que la calidad turística, lo que debería importarle al Gobierno es la capacidad de innovación y adaptación de la industria turística española a los desafíos tecnológicos, económicos y sociales que le depara el futuro.

La buena noticia es que el Gobierno actual seguirá avanzando en la desestacionalización del turismo. Exactamente igual que se las promete cada Gobierno de turno.

Fernando Gallardo |