Cotelco es una de las asociaciones de empresarios hoteleros más activas y mejor organizadas del mundo. Bucear en los entresijos de su presencia online da cuenta de esta efervescencia profesional, abanderada desde 2014 por un verdadero líder de la industria turística colombiana, Gustavo Toro Velásquez. Antes de ocupar su cargo, Toro ejerció la Dirección Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como se desempeñó docente del programa de Administración Hotelera y Turística de la Universidad Externado de Colombia. Gracias a su extraordinaria capacidad de trabajo, hablar de Cotelco es referirse a uno de los grandes motores económicos de este emergente país americano, tal vez el que proyecta un futuro turístico más culto y sostenible.
Gustavo Toro informó a sus afiliados en un mensaje interno, el pasado 13 de abril de 2016, de su posición sobre la economía colaborativa en la primera reunión iberoamericana celebrada en Montevideo, con el auspicio de la OMT, para discutir acerca del impacto de esta nueva modalidad de alojamiento turístico en el mundo. Por la trascendencia de este documento, estimo conveniente una réplica punto por punto de sus argumentos, que no son muy diferentes de los que se leen y escuchan hoy por parte de los representantes hoteleros en muchas partes del mundo. Ojalá sirva este contraste de posiciones para arrojar luz sobre el alquiler vacacional y conseguir que la economía colaborativa sea vista más como una oportunidad que como una amenaza para el sector hotelero. De ello nos encargaremos también en la próxima conferencia internacional sobre la materia que se celebrará el 26 de mayo en Vilnius (Lituania), convocada por la Organización Mundial de Turismo (UNWTO – United Nations World Tourism Organization).
Inicia el presidente de Cotelco su alegato con una consideración muy discutible. Refiriéndose a la conferencia de Montevideo, argumenta que «una conclusión clara fue la errónea apreciación al etiquetar como economía colaborativa al tipo de ofertas que se está efectuando hoy a través de distintas plataformas, buscando un lucro económico, y que está absorbiendo al menos 10 puntos de ocupación a la hotelería formal». Como hemos argüido en alguna otra ocasión, huelga estigmatizar al fenómeno P2P con etiquetas irreductibles. Pero consideramos que no existe ninguna apreciación incorrecta entre quienes defienden la economía colaborativa como una modalidad que surge de la puesta en valor de recursos ociosos. Porque si convenimos en que un recurso ocioso puede ser puesto en uso generando un valor, tendremos que convenir igualmente en que el diccionario de la Real Academia tiene razón cuando define el término valor como la cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. En economía sabemos que no todo valor de uso tiene un valor de cambio, pero sí que todo valor de cambio tiene un valor de uso. Y, si la economía surgente del intercambio tecnológico de información acredita por sí misma un valor de cambio, es obvio pensar en el lucro económico como la expresión natural de ese valor.
Sorprende en un hotelero la negación del lucro cuando se persigue economía de escala. Esto es, si un empresario expande su negocio a una cadena hotelera con el objetivo de disminuir sus costes marginales y así crecer con mayor rentabilidad, ¿no persigue acaso el lucro? Seguramente su misión empresarial será la exaltación del ideario de hospitalidad, producir felicidad en sus clientes, mantener contentos y bien remunerados a sus empleados. Pero también incluirá como misión la consecución de un lucro económico. Por tanto, quien posee un bien ocioso y lo pone en valor, la consecuencia de su emprendimiento será la obtención de un lucro, bien sea como una optimización de su coste marginal, bien sea por el crecimiento del negocio.
Toro menciona la absorción de 10 puntos de ocupación a la hotelería formal, dato que creemos no está suficientemente contrastado. Airbnb publicó en 2013 un estudio que cifraba ese rapto en un 0,05 por ciento. Mejor será, por tanto, desconfiar de ambas cifras y esperar un análisis más concienzudo del impacto de la economía colaborativa en la hotelería tradicional, probablemente llegado de la Universidad de Cornell, que sabemos tiene mucho interés en aportar lucidez al momento actual del turismo digital. No obstante, pulsando la opinión de los viajeros millennials, advertimos que esa cifra del 0,05 por ciento está creciendo y seguramente sobrepase por mucho a los 10 puntos citados por el presidente de Cotelco. Mediante la demonización del alquiler de viviendas privadas y la instigación constante a Airbnb, la hotelería tradicional está acelerando el proceso de antipatía generacional hacia ella. Tanto que su estructura actual peligra en el futuro por la defunción de sus acólitos. En román paladino, el tiro le puede salir por la culata. Ya lo hemos proclamado en otras ocasiones: el turismo del futuro será millennial o no será.
Otro de los motivos de controversia es el referido a un tipo de oferta que prospera «sin acogerse a la normatividad existente en los diferentes países». Posiblemente Toro lo haya expresado pensando en Colombia, porque en muchos países y regiones sí existen normas que legitiman y legalizan el alquiler vacacional. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal, por citar algunos en el contexto occidental. En España está también legalizado, aunque en algunas comunidades autónomas se discute todavía si la norma que lo ampara es la estatal de los alquileres urbanos o la regional que la limita o que todavía no se ha desarrollado.
En otro momento de su comunicado, el presidente de Cotelco remacha: «el impacto en la economía es muy fuerte y a su efecto en la hotelería se suma la evasión de los impuestos y lo que el Estado y las ciudades se privan de recaudar, que es significativo». Seguramente desconoce que el anterior presidente de los empresarios españoles fue condenado en los Tribunales por elusión de impuestos y que varios hoteleros están siendo actualmente investigados por evasión en los papeles filtrados de Panamá. Y, que uno sepa, ningún propietario de viviendas particulares ha acusado al sector hotelero de fraude fiscal, ni ha exigido la clausura de todos los hoteles por el comportamiento fraudulento de algunos. Harían bien los hoteleros ‘formales’ y sus representantes de presentar en los Tribunales la prueba del delito fiscal y exigir el castigo de los evasores sin acusar frívolamente a todo un sector que se supone honrado y ciudadano a carta cabal. Otrosí digo, no se sabe de ningún colectivo hotelero tradicional que haya firmado acuerdos de corresponsabilidad fiscal con Ayuntamientos, como sí ha hecho Airbnb con Portland y otros municipios con negociaciones en ciernes.
«Los propios edificios de apartamentos que están destinados a prestar estos servicios no regulados, no están diseñados para recibir este tipo de ocupación; las viviendas familiares en las que se alojan 10 o 12 personas, con efectos en la red de alcantarillado, en el consumo energético, el propio uso de los edificios, ha presentado problemas en la comunidad; ha habido casos de sobrecarga en destinos turísticos que se quedaron sin agua y sin luz por el uso indiscriminado de viviendas para alquiler». Este párrafo extraído de la misiva que Gustavo Toro ha enviado a sus afiliados plantea un problema real a debatir con todo sosiego, pues nada de lo que se dice es incierto ni debe ser considerado baladí, especialmente en las molestias que esta actividad genera en las comunidades de vecinos. En efecto, la presión turística desvirtúa cada vez más el carácter heredado de las ciudades, como antaño la industria distorsionó la vida en los burgos medievales. Tanto es así que Barcelona ya ha decidido una moratoria para estudiar los efectos perversos que genera el turismo de masas en la ciudad. Moratoria que, por cierto, se centra en la hotelería formal antes que en las viviendas alquiladas, entre otras razones porque el hotel requiere el cambio de uso e instalaciones del edificio, mientras que la vivienda persiste tal cual. Amsterdam cuenta cada día con mayor oposición al turismo invasivo, pero no centra sus críticas en las viviendas de Airbnb, sino en la creciente transformación de edificios residenciales en hoteles.
Añade el presidente de Cotelco que a esto «se suma el impacto sobre el destino, donde por ejemplo en el caso de la seguridad, hemos tenido problemas con visitantes que tienen comportamientos que alteran la tranquilidad en edificios residenciales, y eso genera choque entre los habitantes y quienes llegan como turistas». Así es y tiene mucha razón. Pero, justamente donde las fuerzas de orden público han actuado antes contra al vandalismo callejero turístico ha sido en zonas de alta densidad hotelera, como Lloret de Mar y la playa de Palma, en España. Lógicamente, la concentración turística favorece la exaltación de la calle, los locales de moda y el consumo de alcohol, causas principales de los altercados del orden público. En su dispersión urbana, el alquiler de viviendas privadas hace menos susceptible el desencadenamiento de estos alborotos que en la hotelería formal, donde se concentra más población visitante.
Estoy de acuerdo con Gustavo Toro en que «se supone que no estaría autorizado el arrendamiento a turistas si no existe una reglamentación sobre ese particular y si la propia reglamentación de copropiedad no lo prevé; pero nada de eso se cumple en la práctica». Nada debe impedir el libre emprendimiento, ni la libertad de establecimiento, mientras las normas estatutarias que rigen las comunidades de propietarios no establezcan la prohibición del alquiler, como sucede en los edificios propiedad de cooperativas en Nueva York. Y cuando digo el alquiler me refiero a toda clase de alquileres, tanto temporales como de largo plazo. Por supuesto, este idea distorsiona el derecho constitucional a la propiedad privada. Lo razonable sería, por tanto, analizar caso por caso y evitar que en las comunidades de vecinos se imponga el arbitrio del más fuerte o la política de hechos consumados. Lo pertinente es ceder la última palabra a los Tribunales de Justicia, que serían los verdaderamente facultados para decidir qué vecino es molesto y cuál no. Todos sabemos de inquilinos de largo plazo insoportables y de inquilinos de corto extraordinariamente amistosos.
Finaliza Toro su comunicado solicitando por parte de las entidades hoteleras de Iberoamérica «la inclusión de los nuevos formatos de alojamiento turístico en sus respectivas legislaciones». Es muy de agradecer que el talante de este líder de la industria turística iberoamericana no sea el de oposición frontal a la economía colaborativa del turismo, como tantas veces hemos visto en otros foros en la orilla opuesta del Atlántico. Queda la duda de saber cómo se pueden regular estos nuevos formatos que, a diferencia de los tradicionales, son tantos como viajeros o propietarios de viviendas turísticas. Porque si una tendencia aparece nítida en el horizonte del turismo mundial, esta es la de una máxima personalización en los viajes, instalaciones y servicios. El turismo se vuelve cada día más experiencial, más individualizado. Se interioriza como un selfie, una experiencia propia, única e intransferible. Y, por consiguiente, los proveedores deberán personalizar tales experiencias al punto de no poder ser normalizadas.
¿Cómo legislar para cada individuo? Tal es la disrupción que viene anticipando la sociedad digital. La respuesta no puede ser «igual para todos» porque todavía no ha llegado el tiempo de los clones humanos biónicos. La respuesta, amigos de Cotelco, debe ser hoy otra.
Fernando Gallardo |