Resulta que la supuesta legalidad madrileña era ilegal

Madrid

Hace dos años, bajo el título Madrid de Chiste, preguntamos a la consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid qué arcano explicaba la limitación legal aprobada por su departamento en el alquiler turístico de viviendas particulares:

«Ignoramos en qué caprichosa circunstancia las autoridades turísticas madrileñas decidieron imponer a las viviendas turísticas un alquiler mínimo de cinco días. No he escuchado, ni leído, ninguna explicación razonable de por qué van a ser cinco en lugar de cuatro o seis. Incluso nueve o diez. La cabalística asignaría a este número el símbolo de los cinco días laborables de la semana. Pero, ¿y los que trabajan seis días? ¿Y los que trabajamos los siete días de la semana? Hay quien apuesta por la unidad más premiada en el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional que, efectivamente, es el cinco. Probablemente, Mariño y su equipo nos quisieron transmitir su denodado espíritu de acción, que en numerología viene significado por el 5. Es el símbolo de la libertad, la adaptabilidad, el espíritu viajero y aventurero, pero también de la inconsistencia y del abuso de los sentidos. El número de la fortuna, la magia y la aventura, atribuido a personas a las que les atrae lo desconocido, lo extraño, lo misterioso».

El gobierno madrileño no respondió jamás a nuestra conjetura cabalística. Ahora sabemos por qué. La consejería de Turismo estaba cometiendo, a sabiendas, una ilegalidad. Lo acaba de elucidar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha declarado nulo el enigmático artículo referente a la autorización del alquiler de viviendas de uso turístico siempre que éste se hiciera por más de cinco días.

Ante la demanda judicial interpuesta por la Asociación Madrid Aloja contra el Decreto 79/2014, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, y concretamente frente a la regulación del artículo 17 1. 3. y 5. del mencionado Decreto, la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón a quienes han venido anunciando sus alquileres en Airbnb y otras plataformas tecnológicas sin atender a la enigmática imposición de los cinco días con la que el gobierno de Madrid y la co-demandada Asociación Empresarial Hotelera de Madrid pretendían burlar la libertad de emprendimiento y la economía colaborativa de los ciudadanos.

El tribunal madrileño ha sido explícito en su alegación. «No parece que limitar temporalmente la oferta de viviendas turísticas tenga repercusión alguna en la eventual opacidad de las obligaciones fiscales, pues se encuentra totalmente desconectada de tal finalidad», reza la sentencia. El tribunal hace constar igualmente que «la normativa de Madrid tampoco acredita por qué los otros ocupantes de un edificio en el que hay pisos turísticos estarían más protegidos con el mínimo de cinco días» y asegura que esas molestias aparecen más vinculadas a la propia coexistencia en un mismo inmueble de las dos modalidades que del tiempo en que esta se produzca.

Descifrado el enigma gubernativo, que no tenía otro propósito distinto al de cercenar las libertades ciudadanas y apalancar el intervencionismo estatal en la vida privada de las personas mediante la protección del lobby hotelero, el horizonte de la economía colaborativa queda más despejado a falta de más pronunciamientos sobre las demandas presentados por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y la Asociación de Gestores de Vivienda de Uso Turístico (Asotur).

A esta sentencia le sucederán otras a corto plazo que obligarán a los gobiernos canario, cántabro, asturiano, balear y catalán, entre otros, a revisar sus incongruentes —y, pronto, ilegales— normativas sobre alquiler turístico. La libertad pide cabezas lúcidas para gestionarla y rendición de cuentas sobre los daños causados por socavarla.

Tampoco tardarán en llegar otras directivas de Europa que pongan freno a la discrecionalidad normativa de las distintas regiones españolas, cuyos servidores públicos parecen hoy más interesados en aparentar trabajo que en despejar los obstáculos para crearlo. Al alquiler turístico le seguirán el transporte público, los instrumentos financieros, la sanidad y otras actividades humanas cuyos recursos ociosos facilitan el surgimiento de nuevas iniciativas económicas y emprendimientos tecnológicos necesarios para un desarrollo económico más libre, innovador e inclusivo.

Fernando Gallardo |

3 comentarios en “Resulta que la supuesta legalidad madrileña era ilegal

  1. Galicia se suma al intento de regulación de los alquileres P2P, a pesar de reconocer que su competencia no es significativa, pero por si acaso…
    http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/06/22/galicia-6000-viviendas-turisticas-pendientes-regulacion/0003_201606G22P12993.htm
    Creo que mejor sería regular los alojamientos tradicionales, hoteles, pensiones…que al menos en Santiago de Compostela crecen como champiñones. Después se quejan de falta de clientes en invierno.

    • El gobierno de Galicia podría estar incurriendo en una torpeza legislativa, puesto que si persiste en su idea de aprobar esta normativa la Comisión Europea publicará una directiva de aquí a un año que invalidaría la normativa gallega. Lo peor no es empecinarse en regular algo en contra de la Unión Europea. Lo peor es realizar ese trabajo normativo estéril con el dinero de nuestros bolsillos. Porque si el gobierno gallego lo hiciera en sus ratos libres, sin cobrar un euro por la labor, no habría el menor problema en que siguiera en su empeño. Hay que hablar claro: si el lobby hotelero desea una normativa específica a su favor debería sufragarlo su asociación empresarial, no el gobierno pagado con el bolsillo de todos.

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